Lecciones de la elección peruana para Venezuela

Por Norman Pino

Varias enseñanzas se pueden extraer del reciente proceso electoral presidencial en el Perú. En primer lugar, que ante la presencia de varias fuerzas políticas con programas e ideas similares, las cuales representaban en su conjunto un importante porcentaje de las preferencias electorales, hubiese sido deseable hacer a un lado los intereses partidistas o personales y presentar un candidato de unidad con posibilidades reales de triunfo.

En segundo lugar, como anticiparon numerosos analistas, la incapacidad de esas fuerzas políticas de aglutinarse alrededor de un candidato unitario en la elección del 10 de abril terminó sacándolas del juego electoral, al no haber un ganador y tener que acudir a una segunda vuelta entre los dos candidatos más controvertidos de la contienda: Keiko Fujimori, hija del autoritario presidente Alberto Fujimori (1990-2000), actualmente en prisión; y Ollanta Humala, ex militar golpista, vinculado igualmente a violaciones de derechos humanos y cuyo hermano se encuentra también tras las rejas, asociado generalmente con el régimen bolivariano de Hugo Chávez.

En tercer lugar, que de haberse logrado una convergencia política a favor de un candidato unitario, éste no solo habría podido haber ganado en la primera vuelta, sino que habría evitado al Perú pasar por el difícil aprieto de tener que escoger entre volver a los desafueros y arbitrariedades del Fujimorismo o apostar por la aventura de un proyecto político que solo muestra retrocesos y fracasos en su haber.

La pequeña diferencia de votos entre ambos contendientes es una muestra de la difícil decisión a la que debió enfrentarse el elector peruano para escoger a su nuevo Presidente, el cual deberá gobernar con un congreso fragmentado y en el que le será difícil consolidar una alianza mayoritaria.

Una lección fundamental de estas elecciones parece ser la creciente percepción de que la democracia no es sólo la realización de elecciones, la vigencia del estado de derecho y la generación de un crecimiento económico sostenido, pues también es indispensable que ese crecimiento se traduzca en verdaderos beneficios para la población de menores recursos, so pena de que el discurso populista encuentre el campo propicio para minar el verdadero propósito y sentido de la democracia.

Sin embargo, tal vez la lección más destacable de esa elección sea la ofrecida por los propios ciudadanos peruanos y por sus instituciones electorales. En efecto, ambos procesos se desarrollaron dentro de un ambiente de respeto y ejemplar civilidad democrática, lo que denota el alto grado de conciencia y responsabilidad democrática del pueblo peruano, y la eficiencia, transparencia y confiabilidad de las autoridades electorales peruanas.

De hecho, la representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores felicitó al pueblo peruano por sus muestras de civismo, elogió a las autoridades electorales por su profesionalismo en la competente y transparente realización de la elección y resaltó el papel positivo jugado por la sociedad civil al asegurar la transparencia del proceso y la participación de los ciudadanos.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó que, en general, el proceso electoral de segunda vuelta en el país se desarrolló de manera transparente y pacífica, sin denuncia importante alguna que pudiese configurar una irregularidad en el proceso.

Al dar a conocer el informe con sus conclusiones finales, la misión resaltó que los peruanos concurrieron a las urnas a elegir a sus máximas autoridades en tranquilidad, “a pesar del ambiente electoral previo que se caracterizó por una creciente campaña mediática de temor, lo que terminó siendo desmentido por la expresión popular, que decidió en un proceso democrático ejemplar”. La Misión señaló en una nota de prensa que “la legitimidad del origen del nuevo gobierno peruano está alcanzada” y que viene ahora “el laborioso proceso de gestar la legitimidad del ejercicio” mediante el avance en la inclusión social de manera perdurable y en la sostenibilidad económica.

Pero las elecciones en el Perú, además de proporcionarnos valiosas lecciones, pueden señalar también algunas tareas insoslayables para los venezolanos que residen en el exterior.

El comportamiento del árbitro electoral peruano dista mucho de parecerse al del venezolano, aún cuando este utiliza un sistema automatizado. Si usted, amigo lector, tiene alguna duda sobre la eficiencia, rapidez y transparencia del sistema electoral peruano, solo tiene que visitar la página Web del organismo electoral peruano, para darse cuenta de que a menos de una semana de los comicios puede consultar la data de la elección en cada país con absoluta claridad, cosa que el CNE venezolano sigue negándole a los venezolanos sistemáticamente y ha sido incapaz de hacer con las últimas elecciones parlamentarias, después de 9 meses de celebradas.

Por otra parte, para poder ejercer su voto, los ciudadanos peruanos solo necesitan estar inscritos en sus consulados, mediante la presentación de su tarjeta nacional de identidad, la cual pueden renovar a través de la misma oficina consular, contrariamente a la inconstitucional pretensión de las autoridades venezolanas de exigir una constancia de residencia legal.

Se calcula que el total de la emigración peruana en el mundo se acerca a los 2,7 millones de personas, de los cuales están habilitados para votar unos 850 mil, lo que representa un poco más del 5% del universo total de votantes. En el caso venezolano, se estima que el número de compatriotas en capacidad de votar se acerca al millón de personas, de los cuales la mitad podría estar habilitada para votar; sin embargo, apenas unos 50.000 se encuentran registrados formalmente para poder ejercer su voto en el exterior, lo que significa un considerable potencial de votos, el cual podría ser decisivo a la hora de una elección reñida.

Esta situación pone de relieve la urgencia y necesidad de un formidable esfuerzo de convencimiento y persuasión para acrecentar el número de votantes debidamente registrados y habilitados para votar, esfuerzo en el cual los propios venezolanos residentes en el exterior y sus comunidades organizadas podrían jugar un papel de primordial importancia.

La falta de transparencia y la renuencia de las autoridades electorales a facilitar el voto en el exterior y a cumplir con la ley solo pueden ser revertidas mediante la presión decidida y organizada de los ciudadanos venezolanos. La cooperación de estos para promover la participación de los connacionales no registrados es de capital importancia. Para ello es indispensable activarse alrededor de los esfuerzos que se hacen desde el país para coordinar su participación en las próximas elecciones presidenciales, cruciales para el futuro del país.

En ese sentido, le invitamos, amigo lector, a integrarse a la comunidad organizada de venezolanos en el exterior para intercambiar informaciones y opiniones respecto a la participación y el voto democrático. Tus aportes y sugerencias son más que bienvenidas.

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Norman Pino

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